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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten en: (i) generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas, la delincuencia organizada y delitos conexos; (ii) apoyar en la implementación de las convenciones, tratados y demás instrumentos internacionales sobre la materia; (iii) orientar las políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas la delincuencia organizada y delitos conexos; (iv) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico y el abuso de drogas, la delincuencia organizada y delitos conexos como la corrupción y el lavado de activos, entre otros.
En el marco de la Visión estratégica para América Latina y el Caribe 2022 – 2025 se definió una ruta que apoyará el compromiso de UNODC con los Estados Miembros en el fortalecimiento de las respuestas para prevenir y enfrentar la delincuencia organizada, las drogas y la corrupción. La Visión Estratégica de UNODC resalta a América Latina y el Caribe como pionera en la cooperación Sur-Sur y como una región clave en el ámbito de la política internacional para atender cuatro áreas de acción: (i) abordar el problema mundial de las drogas; (ii) combatir la delincuencia organizada transnacional; (iii) luchar contra la corrupción y delitos económicos; y (iv) fortalecer la justicia penal y la prevención del delito. Para su desarrollo, implicó la transformación de la Oficina País para Colombia en la Oficina de UNODC para la Región Andina y el Caribe – Oficina Regional (ROCOL).
En este contexto, la Oficina Regional implementará el ¨Proyecto para promover la adopción de planes de acción nacionales sobre drogas sintéticas guiados por la Estrategia sobre Drogas Sintéticas, centrándose en Uruguay, Paraguay y Chile¨. El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades institucionales en lo relativo al fortalecimiento del abordaje integral de la problemática de las drogas ilícitas con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. En consonancia con el Kit de Herramientas de UNODC sobre Drogas Sintéticas y, también, con la Estrategia de sobre las Drogas Sintéticas 2021-2025 de UNODC, el proyecto se propone alcanzar su objetivo a través de los siguientes componentes: (i) incrementar el conocimiento técnico sobre drogas sintéticas y nuevas sustancias
psicoactivas de las instituciones de involucradas en al abordaje integral de la de la problemática de las drogas ilícitas; (ii) fortalecer las capacidades de jueces, fiscales, policías y aduaneros en lo relativo a interdicción de este tipo de drogas y, en particular, a través del aprovechamiento de técnicas especiales de investigación; (iii) potenciar las capacidades relativas al tratamiento y prevención de los consumos problemáticos de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, incluyendo los opioides sintéticos; (iv) incrementar las capacidades de los laboratorios forenses en lo relativo a la identificación y análisis de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.
Bajo la supervisión del/la Coordinador/a de Proyecto, el/la Profesional Administrativo y Financiero, se encargará apoyar, técnicamente, los procesos administrativos y financieros para la ejecución del proyecto, de acuerdo con las regulaciones y procedimientos establecidos por Naciones Unidas, la sede y los requerimientos del supervisor, en el marco del ¨Proyecto para promover la adopción de planes de acción nacionales sobre drogas sintéticas guiados por la Estrategia sobre Drogas Sintéticas, centrándose en Uruguay, Paraguay y Chile¨.
FUNCIONES
NORMAS DE ETICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Los fondos consignados a las Naciones Unidas y a UNODC para financiar programas de cooperación técnica provienen de los Estados Miembro de las Naciones Unidad y otras entidades públicas y privadas asociadas. Por ello, todas las transacciones llevadas a cabo con dichos fondos deben ser ejecutadas con base en los más altos estándares de imparcialidad, integridad, transparencia, competencia y responsabilidad personal, para asegurar la confianza pública en las Naciones Unidas.
Según el reglamento financiero 101.2 de las Naciones Unidas, todos los funcionarios tienen la obligación de cumplir con la reglamentación financiera de las Naciones Unidas y con las instrucciones administrativas correspondientes. Todo funcionario que contravenga la reglamentación financiera de las Naciones Unidas y las instrucciones administrativas correspondientes asumirá la responsabilidad personal por sus acciones y puede ser objeto de medidas disciplinarias que incluyen, pero no se limitan, a la terminación del contrato.
COMPETENCIAS
REQUISITOS:
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