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Consultoría para la elaboración de un estudio de caso de política pública de vivienda desde una perspectiva feminista – Contrato de Obra En el marco del proyecto URU/23/012 Apoyo a la estrategia Montevideo Más Verde, la Intendencia de Montevideo (IM) se encuentra desarrollando una primera experiencia, “CONVIVE”, cuyo objetivo inicial es la prevención de la creación de nuevos asentamientos. Particularmente se está desarrollando una política en coordinación con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) para la conformación de una cooperativa con personas que la IM seleccionó en un territorio específico de Montevideo, privilegiando a personas que tuvieran otras personas a cargo, particularmente niños y niñas. Finalmente, de las 28 seleccionadas, 25 resultan ser mujeres jefas de familia o con niños, niñas o adolescentes a su cargo. Uruguay todavía presenta amplios desafíos en la distribución del ingreso relacionados con desigualdades estructurales de género. Este impacto no deja exento a aspectos básicos de la producción y reproducción de la vida cotidiana como la salud, la educación, y en este caso, la vivienda. Según datos de 2020, la pobreza absoluta en los hogares encabezados por una mujer a nivel nacional asciende al 10%, frente al 6,3% de los hogares encabezados por un varón. Si nos centramos en hogares empobrecidos, las brechas económicas se amplían: las mujeres empobrecidas tienen una tasa de empleo un 25,6% menor que la de los varones empobrecidos (38,6% y 64,2% respectivamente). El empobrecimiento de los hogares con jefatura femenina está estrechamente relacionado con el trabajo no remunerado, principalmente el cuidado de niñas, niños y otros miembros de la familia y las tareas del orden doméstico. En relación a la vivienda, según , el déficit habitacional en Uruguay se ubica entre 60.000 y 65.000 viviendas. Si se coloca el foco en dicho dato y en el modelo cooperativo a través del sistema de ayuda mutua “se logra, no sólo promover el acceso a la vivienda, sino la calidad y la seguridad en la tenencia, así como también la creación de un hábitat integral, proveyendo a las personas cooperativistas de servicios sociales antes inexistentes” (). El modelo cooperativo se sustenta en algunos pilares básicos: organización, ayuda mutua, autogestión, régimen de tenencia de propiedad colectiva, financiamiento público, asesoramiento técnico. Entendiendo el acceso a la vivienda como un derecho básico, la referencia a las cooperativas debe “incluir la idea de transformación, con una lógica antagónica a la del beneficio o la simple resolución de necesidades específicas.” Es decir, “la propia definición de cooperativa nos habla de necesidades que van más allá de lo económico, y se sustentan también en lo social y lo cultural, como herramientas útiles para transformar nuestra realidad” (Cabrera, 2018, p.269). En relación a las políticas públicas de vivienda, en base a experiencias de la región latinoamericana, se ha constatado que “las experiencias autogestivas no solo se limitan a resolver una necesidad habitacional sino que su horizonte va más allá: es la búsqueda hacia otras formas de vida en comunidad que habiliten una transformación de las relaciones sociales de poder” (). En ese sentido, “estas transformaciones implican otro modo de producir, de establecer vínculos laborales, de vivir con los/as demás, al mismo tiempo que suponen revisar los roles históricamente desiguales entre mujeres y varones” (ídem). A raíz de esto, surge la interrogante de analizar las dinámicas en un programa de cooperativa de vivienda en el que la mayoría de las participantes titulares son mujeres, donde además de generarse transformaciones colectivas, se generan transformaciones subjetivas y cómo esto incide en la vida cotidiana de las mismas. El énfasis en este aspecto es relevante dado que “esto no significa que dentro de las cooperativas las lógicas de poder patriarcales no estén presentes, todavía hay grandes desafíos hacia el interior de las organizaciones cooperativas, porque la participación y las voces de mujeres y diversidades sexuales es un tema que debe trabajarse con mayor profundidad indagando sobre aquellos aspectos que las impiden.” (Boronat Pont y Mutuberría Lazarini, 2021 en Mutuberría Lazarini y Rodríguez, 2021, p.20). Al analizar una experiencia particular donde uno de los requisitos de participación es la tenencia de hijos/as menores a cargo, es importante también colocar el énfasis en las dinámicas de cuidado, analizando cómo se distribuyen la carga horaria de trabajo remunerado, no remunerado y además las horas destinadas a la construcción de la vivienda y actividades asociadas a la reproducción cotidiana de la cooperativa. |
El objetivo general de la presente consultoría es analizar el valor de una experiencia específica de cooperativa de ayuda mutua como política de prevención de asentamientos, en diálogo con referentes de la División de Tierras y Hábitat (IM), FUCVAM y las/los 28 participantes. Específicamente, se espera que el análisis de esta experiencia aporte a:
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ACTIVIDADES |
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Se requiere el siguiente perfil:
Académico
Título universitario de grado.
Se valorarán posgrados en particular relacionados a temas de vivienda, urbanos y/o de género.
Experiencia
Excluyente experiencia en trabajo en barrios populares y asentamientos.
Se valorará experiencia en investigación, análisis y/o elaboración de informes en temas de vivienda, proyectos de hábitat, en particular que incorporen el componente de ayuda mutua y/o de género.
Se valorará experiencia de trabajo con políticas de vivienda y/o en la implementación de proyectos de hábitat que incorporen el componente de ayuda mutua.
Excluyente presentación de propuesta técnica que contenga: cronograma de trabajo, índice tentativo, metodología, referencias bibliográficas y resultados esperados (extensión máxima: 2 hojas).
La consultoría se llevará a cabo en coordinación con el equipo de Mesas Barriales y será supervisada por la Dirección de la División de Tierras y Hábitat.
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DURACIÓN, PLAZOS Y FORMA DE PAGO | ||||||||||||
A partir de la fecha de firma del compromiso, el plazo de la consultoría es de máximo 4 meses. La remuneración total prevista es de $237.300 IVA incluido. Dicho monto contempla los honorarios, gastos, estadía, tributos correspondientes, que se requieran para las actividades previstas. Los pagos se harán efectivos en pesos uruguayos, según el siguiente cronograma:
Los pagos se realizarán únicamente contra presentación de factura emitida a nombre de: Intendencia de Montevideo – Proyecto PNUD URU/23/010, a la cuenta bancaria de la/el Contratista Individual. |
La persona a contratar deberá ser ciudadano/a uruguayo/a (natural o legal), o extranjero/a residente con domicilio constituido y compromiso de permanecer en el territorio de la República Oriental del Uruguay durante todo el tiempo que las tareas implicadas en el contrato lo requieran. Asimismo, deberá facturar como profesional universitario/a o como empresa unipersonal en Uruguay. Durante el plazo del contrato, la persona contratada no podrá ser funcionario/a público/a o mantener vínculos contractuales con organismos del Estado a excepción de la Universidad de la República. Los/as candidatos/as deberán postular a través de la web del PNUD donde se encuentra publicado este llamado y el plazo vence el día 29 de febrero de 2024 a las 17hs Uruguay. En la sección Empleo de la página web del PNUD Uruguay https://www.undp.org/es/uruguay/empleo accederá a los términos de referencia de este llamado
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