UNICEF en Panamá desarrolla su programa de cooperación (2021-2025) con el objetivo de contribuir a tres resultados: a) Desarrollo en la Primera Infancia, b) Educación, y c) Protección contra todas las formas de Violencia.

En este contexto ofrece asistencia técnica al Estado, incluyendo instituciones a nivel nacional y local, sociedad civil y otros actores, para mejorar la cobertura y calidad de servicios para la niñez y la adolescencia.

De igual forma, UNICEF trabaja con Ministerios, gobiernos locales y otras instituciones públicas, para apoyar las prioridades nacionales sobre el desarrollo y la participación adolescente, que es un eje transversal de los resultados.

En 2022, UNICEF llevó a cabo el Análisis de Situación de los Adolescentes en Panamá que revela cómo la falta de conocimiento sobre el derecho a la participación, tanto de los adultos como de los propios adolescentes, impide que ellos y ellas puedan reconocer, ejercer y exigir su derecho a participar y ser escuchados.

Desde la perspectiva institucional, muchos de los espacios existentes son gestionados desde las agendas institucionales y no necesariamente surgen desde los temas, los espacios y las preocupaciones de los adolescentes.

En este contexto, aunque existen espacios, programas e iniciativas que fomentan la participación a nivel nacional, predomina una participación meramente decorativa y de consulta, como puede observarse en los niveles de participación de la escalera de Hart Además, los mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas no funcionan de manera adecuada debido a la falta de plataformas sostenibles e interpretación erróneo acerca de lo que es una participación efectiva.

Es fundamental abordar estas deficiencias para garantizar una participación significativa de los adolescentes en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que impacten positivamente en sus vidas.

Al 2030 los y las jóvenes representarán el 23% de la población de Panamá.

Este porcentaje indica el gran reto de garantizar mejores condiciones de vida para la adolescencia y juventud; de manera que puedan ser protagonistas y partícipes del desarrollo humano. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo crean la Política Pública de Juventud (2022).

Sin embargo, se centra en la población de 15 a 29 años. Su enfoque se inclina hacia iniciativas de desarrollo de habilidades, pero lamentablemente, no se le da suficiente énfasis a la participación significativa de los jóvenes.

Adicionalmente, en 2022 Panamá sanciona la Ley No.

285 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia para garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de la niñez reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá.

En sus escritos, se resaltan los derechos fundamentales de esta población, haciendo hincapié en el derecho a la participación y la involucración comunitaria, que se encuentran detallados en los artículos 66 y 67, respectivamente.

Según UNICEF, la adolescencia abarca desde los 10 hasta los 19 años.

Dentro del contexto de las características de la participación según UNICEF (2020), esta va más allá de simplemente tener una voz; implica estar informado, involucrado y tener influencia en las decisiones y asuntos que afectan la vida personal, tanto en los ámbitos privados como públicos.

Esto se aplica al hogar, los entornos de cuidados alternativos, la escuela, el lugar de trabajo, la comunidad, las redes sociales y los procesos de gobernanza en general. Además, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas consagra la participación como un derecho humano fundamental.

A pesar de los espacios y marcos políticos existentes, es crucial identificar los cuellos de botella que obstaculizan la participación de los adolescentes.

Para abordar este desafío, es necesario profundizar en el análisis y definir un plan de trabajo que responda a las necesidades identificadas.

En este contexto, se propone llevar a cabo un Estudio de Escritorio (Desk Review), una investigación basada en material publicado en informes y documentos disponibles en bibliotecas públicas, sitios web, datos de encuestas previas, entrevistas y otros recursos relevantes.

Propuesta técnica (70%):
El/la consultor/a deberá presentar una propuesta técnica que incluya un plan de trabajo y metodología propuesta para abordar los objetivos de la consultoría.

También deberá presentar su hoja de vida.

1.

Requisitos académicos – 10 puntos máximo

2.

Conocimiento en participación adolescente – 5 puntos máximo

Propuesta económica (30%):
La propuesta económica debe incluir el detalle del costo por cada producto.

También deberá incluir impuestos, seguros, viajes nacionales y/o internacionales y cualquier otro gasto que genere el trabajo de consultoría.

El mínimo de puntaje técnico para evaluar la propuesta económica debe ser de 50%.

El consultor/a podrá contar con equipo de apoyo que estará bajo su responsabilidad.

Debe presentar en su propuesta técnica las hojas de vida de este equipo de apoyo, así como roles y responsabilidades de cada uno.